Las cámaras empresariales de la pesca (CAPU y CIPU) transmitieron, por medio de un comunicado, que “no están dadas las condiciones en sentido general para retomar la operatividad, más allá de las decisiones que tome cada empresa”. Además, y en consonancia con eso, anunciaron que “carece de sentido iniciar una negociación de acuerdo laboral en los términos propuestos por el MTSS [Ministerio de Trabajo y Seguridad Social]”.
Según explicaron las cámaras, esto tiene relación con las notas enviadas en diciembre de 2023 solicitando cambios, “ante la inminente inviabilidad del sector pesquero”, a la Administración Nacional de Puertos, al MTSS, a la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos (Dinara), al Banco de Seguros del Estado (BSE) y a la Prefectura Nacional Naval. Fueron pedidos puntuales a cada uno de los actores.
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El texto explica que casi cinco meses después, “con los 54 buques de la flota y las plantas pesqueras paralizadas, quedando sin trabajo 3.000 empleados directos y otros tantos indirectos, la Administración Nacional de Puertos y la Prefectura Nacional Naval ni siquiera respondieron”.
Por su parte, el BSE “respondió negativamente, mientras el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) realizó una propuesta parcial y provisoria. La Dinara (de cuyo director nos constan sus esfuerzos y gestiones por transmitir al resto de autoridades la necesidad de acciones urgentes) propuso medidas aún insuficientes, aunque definitivas”.
La declaración sostiene que, por otro lado, “la aprobación de las propuestas realizadas fue condicionada a la firma de un convenio colectivo ‘puente’ entre las cámaras y los sindicatos del sector”, pero “teniendo en cuenta que la respuesta del Poder Ejecutivo a los planteos realizados por el sector empresarial para enfrentar la crisis de la pesca no modifica la situación actual y que supone la inviabilidad económica”.
“Alertado reiteradas veces desde hace cuatro años, habiendo recibido e ignorado una y otra vez propuestas concretas, el Poder Ejecutivo está firmando el acta de defunción de la Pesca en Uruguay, condenando a la parálisis como mínimo al 60% de la flota y probablemente a casi todas las plantas pesqueras, es decir, destruyendo más de 2.000 puestos de trabajo”, cierra el comunicado.
Carlos Olivera, representante de la Cámara de la Industria Pesquera (CIPU), dijo a la diaria que en esta semana está previsto que tengan lugar algunas reuniones con representantes del gobierno para analizar la situación del sector, y con ello, posibles medidas. Consultado sobre cuál puede ser la salida a este momento -que calificó como de “crisis en la pesca”-, respondió: “Que el Poder Ejecutivo responda a la situación y tome las medidas que tiene que tomar”.
Resaltó que actualmente está parado casi el 100% de la flota y que “no es redituable si una embarcación sale a pescar y luego se comercializa el producto a 100 pesos pero solamente para mover las embarcaciones y al personal debe invertir 120. Así no se puede salir con los barcos”. Recalcó que la situación también responde a “un conjunto de problemas que se arrastran desde hace años, que han ido dañando las empresas e impidiendo que puedan invertir, llegándose al punto de que ya no sean viables. Si no hay cambios, no hay forma de salir de esta crisis”.
Acerca de la convocatoria para los Consejos de Salarios, Olivera sostuvo que “no tiene sentido continuar con los Consejos de Salarios que había convocado el Poder Ejecutivo. ¿Para qué vamos a discutir un convenio colectivo si no podemos salir a trabajar?”.