El psicólogo del Instituto Nacional del Niño y el Adolescente del Uruguay (INAU) al que se le encontró material de la causa que investiga por delitos sexuales al exlegislador Gustavo Penadés y al profesor de Historia Sebastián Mauvezin habría sido contratado por Penadés para realizar una pericia privada, según informaron a la diaria fuentes allegadas al caso. La versión, dada por el involucrado a varias personas vinculadas a la causa, coincide con lo que dijo la defensa de Penadés en la audiencia en la que se discutió la extensión de la prisión preventiva.

La Policía realizó un allanamiento en casa del psicólogo luego de que las autoridades del INAU presentaran una denuncia al encontrar que en la laptop institucional que utilizaba el psicólogo había información que parecía ser de la causa Penadés.

Al periciar el equipo, la Policía Científica constató que se trata de un expediente de la causa. Una de las hipótesis es que llegó al equipo del INAU a través de una conexión remota que quedó activa entre la computadora del INAU y la computadora personal del psicólogo, que había sido desvinculado del INAU en setiembre de 2022 -seis meses antes del inicio de la investigación a Penadés- por diferencias de corte administrativo con las autoridades de ese organismo.

El psicólogo, que pertenece a Cabildo Abierto, ocupó un cargo de confianza en el INAU a través del vicepresidente, Aldo Velázquez, y fue contratado para hacer horas docentes en el Centro de Formación y Estudios del INAU.

Según supo la diaria, la pericia ya fue realizada y entregada a los abogados del exsenador, Homero Guerrero y Laura Robatto, aunque la investigación sobre su rol en la causa aún no está terminada para la Fiscalía, que tiene pendiente el análisis del material extraído de su celular y el de otra computadora con material de la causa incautada en el allanamiento.

La defensa de Penadés planteó en audiencia que no tiene acceso a la carpeta de investigación del caso en lo que refiere a la Fiscalía, por lo que entiende que no puede defender adecuadamente al exsenador con relación a los hechos que denunció el INAU.

Según lo que pudo investigar la fiscalía, el psicólogo es un expolicía que trabajó para un centro de asistencia a la infancia, vinculado al Ministerio del Interior en Santiago Vázquez y en un proyecto con privados de libertad, por lo que, para la Fiscalía, es posible que conozca a Carlos Taroco, quien lideró junto al exfuncionario del Parlasur Diego Cuiñas la investigación parapolicial para identificar a las víctimas del caso y deslegitimarlas como denunciantes.

Constatado el vínculo profesional entre el psicólogo y la defensa del exlegislador, resta dirimir si existieron contactos entre él y Taroco, en el marco de la investigación que utilizó el aparato del Estado para beneficiar a Penadés, y por la que fueron condenadas seis personas, algunas de ellas vinculadas a través de la masonería.

En tanto, esta semana declaró como testigo el diputado del Partido Nacional Álvaro Viviano, quien al conocer que su nombre estaba siendo manejado en el expediente de la causa de Penadés se comunicó con la fiscal Ghione y le pidió ser recibido para conocer su situación en la investigación.

La fiscal le tomó declaración a Viviano en calidad de testigo, dado que por el momento no tiene elementos que ameriten iniciar una investigación contra el diputado, algo que, llegado el caso, requeriría enviar al Parlamento la solicitud de desafuero.

Durante la indagatoria, Ghione consultó principalmente por el vínculo entre el exsenador y su secretaria Ximena Portillo, quien fue pareja del diputado blanco y declaró como testigo en la causa, a raíz de unas escuchas telefónicas ordenadas por la fiscalía a los secretarios de Penadés, en las que se detectaron conversaciones para colaborar con el exlegislador en la identificaciòn de los denunciantes y sus familiares.

En esas conversaciones, que fueron publicadas por El Observador en octubre de 2023, la funcionaria de la Corte Electoral Graciela Del Vecchio le contó a Portillo que Penadés le había pedido que no llevara el celular a la Fiscalía cuando fuera a declarar y que borrara todas las conversaciones con el otro secretario de Penadés, Horacio Tejera, con quien buscaron información en el sistema de la Corte Electoral sobre una persona de 22 años para conocer sus datos personales y los de su madre, supuestamente vinculados a la causa.