El presidente estadounidense, Donald Trump, declaró la “emergencia de salud pública” por el abuso de los analgésicos opiáceos y aseguró que su gobierno priorizará la lucha contra la adicción a esos medicamentos. La realidad se ocupó de activar todas las alarmas: en los últimos tres años, las muertes por sobredosis de opiáceos sintéticos se quintuplicaron en el país.

Sería útil empezar aclarando qué se entiende por “opiáceo”. El Instituto Nacional de Abuso de Drogas de Estados Unidos incluye bajo ese término a las drogas sintéticas –como el fentanilo o los analgésicos con receta– y la heroína. Lo que hacen, básicamente, es imitar la actividad de las endorfinas, que son las sustancias que produce el cuerpo para controlar el dolor.

Justamente, una de las principales razones que llevaron a la crisis de su consumo en Estados Unidos es que ha habido un masivo incremento en las prescripciones médicas –la cifra se cuadruplicó desde 1999–. El número de personas que consumen esta droga también se disparó en los últimos años. Según datos del Centro de Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por su sigla en inglés), más de 27 millones de estadounidenses abusan de los opiáceos. Y, contrariamente a lo que se suele pensar, los abusos van más allá de la heroína: casi 50% de las muertes por sobredosis en 2015, advierte el centro, están relacionadas con analgésicos recetados para tratar dolores moderados y fuertes en algunos pacientes.

Estados Unidos es hoy, por lejos, el primer país del mundo en muertes por sobredosis de opiáceos. De acuerdo con el CDC, 64.000 personas murieron en 2016 por sobredosis de opiáceos –incluida la heroína– en el país, lo que supone la muerte de 175 estadounidenses por día. Es decir, siete por hora. La situación parece no haber mejorado en lo que va de este año.

Otro dato alarmante es que en los últimos seis años, las muertes por sobredosis se han convertido en la causa más común de muerte por lesiones en Estados Unidos, incluso por encima de los accidentes de tránsito o los fallecimientos producidos como consecuencia de disparos de armas de fuego.

Los expertos sostienen que uno de los problemas que contribuyen a agravar la situación, además del aumento de las prescripciones médicas, es la poca atención disponible para los adictos que quieren inscribirse en terapias de desintoxicación y rehabilitación. Según un informe oficial del Departamento de Salud y Servicios Humanos, sólo 10% de los adictos a las drogas pudieron acceder a un tratamiento especial en 2016. Esto sucede, de acuerdo con el documento, porque muchas áreas del país –las rurales, por ejemplo– no disponen de opciones accesibles, lo que puede originar largos períodos de espera, incluso meses, para recibir ayuda.

Muchos dedos señalan también, lógicamente, a la industria farmacéutica, a la que culpan por “inundar el mercado” de fármacos adictivos mediante agresivas y engañosas tácticas de marketing.

La farmacéutica más señalada es Purdue, que en 1996 sacó al mercado la OxyContin, una pastilla de oxicodona pura que, según aseguró en ese momento, permitía aliviar el dolor durante 12 horas y representaba menor riesgo de abuso y adicción que otros fármacos. La empresa acompañó el lanzamiento con una intensa campaña de promoción entre médicos. El efecto fue tan fuerte que algunos expertos aseguran que la “epidemia” de opiáceos empezó entonces. En 2001, cuando se comprobó que la adicción y el crimen relacionados con el uso de su medicamento se habían disparado en varias partes de Estados Unidos, Purdue admitió que sus afirmaciones eran fraudulentas.

Menos de lo esperado

La crisis alarmó a Trump, quien en agosto prometió que iba a declarar “emergencia nacional” la adicción a los opiáceos. Su anuncio llegó recién hace dos semanas, aunque matizado. Lejos de recurrir a la “emergencia nacional”, una medida que habría permitido destinar dinero del Fondo Federal de Ayuda en Casos de Desastre a la lucha contra ese problema, el mandatario declaró la “epidemia de los opiáceos” como una “emergencia de salud pública”. Esto permitirá destinar fondos ya existentes a nivel estatal y nacional a la lucha contra la adicción a los analgésicos recetados, que lleva a muchos estadounidenses a pasar después a la heroína, una droga más barata en el mercado negro.

Después de la declaración, el mandatario firmó un memorándum en el que ordena al secretario en funciones del Departamento de Salud, Eric Hargan, que declare la “emergencia de salud pública” y pide a todas las agencias del gobierno que “prioricen” la lucha contra los opiáceos.

Fuentes de la Casa Blanca aseguraron más tarde a la prensa que la opción de la emergencia nacional fue descartada porque los fondos para desastres, a largo plazo, no sirven para hacer frente a un mal como la adicción. En la práctica, la declaración permitirá a los pacientes aislados en zonas rurales recibir tratamiento por teléfono o por videoconferencia y conseguir recetas para comprar medicamentos aunque no visiten físicamente a un doctor, algo requerido por la ley actual. Además, el Departamento de Trabajo podrá otorgar subvenciones a algunos de los 50 estados del país para facilitar la búsqueda de empleo para personas con adicción.

“Estados Unidos es, por lejos, el mayor consumidor de estas drogas y usa más pastillas por persona que cualquier otro país del mundo”, afirmó Trump al hacer el anuncio, el 27 de octubre, y aseguró que la crisis actual es “la peor de la historia” del país y “de la humanidad”. Agregó: “Enfrentarnos a esto exigirá todos nuestros esfuerzos y nos exigirá enfrentar la crisis en toda su complejidad”.

La administración de Trump ya había tenido en cuenta esta crisis en el momento en que creó el presupuesto de 2018. En el de 2016, el Congreso disponía de 500 millones de dólares para mejorar el acceso a tratamientos para prevenir sobredosis. La Casa Blanca señaló hace unas semanas que para el año que viene solicitó otros 500 millones para esos efectos.

Unos días antes del anuncio de Trump, la inquietud con respecto a este tema también se había instalado en el Congreso: la Cámara de Representantes aprobó el 24 de octubre una ley para reforzar con nueve millones de dólares la capacidad de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) de frenar la entrada de opiáceos al país. En concreto, los diputados pretenden garantizar que la oficina tenga los dispositivos de detección química, científicos y otro personal necesarios para detener la importación ilegal de fentanilo y otros opiáceos sintéticos.

El fentanilo, una droga que se considera hasta 50 veces más fuerte que la heroína, llega a Estados Unidos principalmente desde México y China. En este sentido, el presidente estadounidense reconoció que una de las cosas a afrontar es el problema de la demanda de drogas del país, algo que justamente requerirá trabajar especialmente con los países en donde se originan las sustancias.

Según el Departamento de Estado, entre 90% y 94% de la heroína que se consume en Estados Unidos proviene de México. Hace pocos días, Trump aseguró que el muro que quiere construir en la frontera con este país “tendrá un gran impacto” y hará disminuir el flujo de drogas.

El problema con China no se puede solucionar con bloques de cemento, pero Trump ya adelantó que, durante su visita a ese país –prevista para hoy–, hablará con el presidente Xi Jinping sobre esta crisis y establecerá como “máxima prioridad” la lucha contra el fentanilo.

El anuncio de Trump fue recibido con cierto escepticismo por el cambio de opinión acerca del tipo de declaración de emergencia que se haría ante este problema. El presidente de la comisión creada por el gobierno para combatir la crisis de opiáceos, el gobernador republicano Chris Christie, reconoció que su grupo de trabajo había recomendado declarar “emergencia nacional”, aunque aseguró que Trump dio un paso “valiente”.

La declaración de “emergencia de salud pública” dura 90 días, pero puede ser renovada de manera indefinida.

La epidemia que enfrenta Estados Unidos se replica cada vez con más fuerza en el resto del mundo. La Oficina de la Organización de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito estimó en su Informe mundial sobre drogas 2017, presentado en agosto, que cada año mueren 190.900 personas por consumo de drogas. El organismo aclara que con toda seguridad la cifra es mayor, ya que muchos países no cuentan con estadísticas confiables sobre este fenómeno. La gran mayoría de las muertes, agrega el documento, se produce por sobredosis, aunque también se registran enfermedades, accidentes y suicidios que están directamente relacionados con excesos de consumo. Estados Unidos lidera la lista por lejos. El top five lo completan Islandia, Canadá, El Salvador y Australia, países tan lejanos entre sí como diversos.