Hacia una nueva generación de políticas contra la desigualdad: Tiempo Pedagógico Extendido para todos y todas

Posiblemente uno de los principales desafíos de Uruguay para el futuro sea aumentar el tiempo de permanencia de los y las jóvenes en el sistema educativo. Entre otras cosas, el aumento de los años de estudio de las personas de menores ingresos resulta clave para cortar la transmisión intergeneracional de la pobreza.

Eso se debe a que el nivel educativo de las personas constituye uno de los principales activos que poseen y su desigual distribución explica gran parte de la desigualdad en la distribución de los ingresos salariales. Como expliqué en un artículo anterior publicado en la diaria, avanzar en una mejor distribución de los activos es una de las tareas pendientes de los gobiernos del FA.

Las importantes reducciones en la desigualdad que tuvieron algunos países de la región se apoyaron en varios casos de forma crucial en el aumento de los niveles educativos de la población (por ejemplo, en Brasil). En este sentido, el mal desempeño que ha tenido Uruguay a la hora de reducir la desigualdad de los niveles educativos resulta sumamente preocupante. Un indicador de ello es el porcentaje de jóvenes que finalizan secundaria. El porcentaje de jóvenes de 18 a 19 años que no había finalizado secundaria en nuestro país disminuyó de 80,4% a 69,1% entre 2006 y 2019, según datos del Instituto Nacional de Evaluación Educativa (Ineed). Esta evolución representa un avance extremadamente lento. A esta velocidad a Uruguay le tomaría más de 70 años llegar a un porcentaje de 19,9% (porcentaje que alcanzó Chile en 2015). Este indicador para Uruguay lo ubica entre los peores resultados de Sudamérica.

Adicionalmente, estos desempeños muestran una importante desigualdad según el nivel socioeconómico. Entre los jóvenes del primer quintil de ingresos (correspondiente a los hogares más pobres) el porcentaje de no finalización fue de 83,9% en 2019, mientras que para el quinto quintil (el de los hogares más ricos) fue de 34,9%.

Hay diferentes propuestas que han demostrado tener un efecto positivo sobre la permanencia en el sistema educativo. Una de ellas son las experiencias de Tiempo Pedagógico Extendido (TPE), las que se han aplicado en Uruguay en las Escuelas de Tiempo Completo o de Tiempo Extendido, así como en algunas experiencias de secundaria. Actualmente unos 55.000 niños y niñas van a escuelas de TPE y unos 15.000 adolescentes asisten a liceos de TPE.

El programa del FA y sus 33 prioridades programáticas hablan de ampliar la cantidad de centros educativos con TPE. Hasta ahora no se ha planteado la propuesta de universalizarlos. Pero el reciente cambio demográfico, con una caída en los nacimientos anuales de 47.000 en 2015 a 31.000 en 2023, nos dan una oportunidad histórica para dar el salto cualitativo y universalizar las experiencias de TPE en las escuelas públicas urbanas. Con la caída que va a tener el número de niñas y niños que asisten a primaria de acá a que finalice el próximo período de gobierno, la universalización de las experiencias de TPE en las escuelas públicas dejaría de ser una medida “cara”.

El impacto del cambio en las tasas de natalidad ya se está sintiendo en primaria. A comienzos de las clases en 2024 pudimos leer varias noticias que hablaban de maestras que se quedaban sin trabajo porque no había grupos para tomar. Parece que el actual gobierno está aprovechando la situación para reducir el número de grupos que se abren. Quizás, con la intención de reducir el gasto público. Pero este es el camino equivocado. La caída de las inscripciones en las escuelas públicas hay que aprovecharla para mejorar la calidad del sistema.

Una de las formas para mejorar la calidad del sistema es justamente aumentando el número de centros educativos con TPE. Según diversas evaluaciones sobre este tipo de experiencias que se han realizado en otros países, se encuentra que estas medidas tienen un efecto positivo en los aprendizajes de niños, niñas y adolescentes, en particular en lenguaje y matemáticas. Además, tiene fuertes impactos en otros factores como el aumento del tiempo de permanencia en el sistema educativo, el retraso del momento del embarazo (en particular reduciendo el embarazo adolescente), la reducción en la participación en actividades ilegales y el aumento de los ingresos salariales posteriores en la vida adulta.

Pero esos no serían los únicos efectos. Una consecuencia secundaria es que facilitaría la inserción laboral de las madres de niños y niñas en edad escolar, ya que estarían en la escuela por un tiempo más parecido a una jornada laboral. Esto tendría consecuencias a su vez en una mejora en las condiciones materiales de los hogares donde viven esos niños y niñas. En particular en los casos de hogares monoparentales de jefatura femenina.

Otro impacto relevante es que para una parte de la clase media pasaría a ser atractiva la posibilidad de retornar a la educación pública. Durante varias décadas en Uruguay se ha experimentado un proceso gradual en donde una parte importante de la clase media ha dejado de enviar a sus hijos e hijas a la educación pública. Ante la percepción de que la calidad educativa del sistema público se iba deteriorando, fueron optando por la educación privada. Muy recientemente este proceso ha tendido a frenarse, e incluso para una parte de la clase media se ha revertido levemente. Estos cambios recientes se explican seguramente porque la escuela pública empezó a aumentar su oferta de dos cosas muy valoradas por la clase media: jornadas de tiempo extendido (algo fundamental para familias donde las madres se han incorporado al mercado de trabajo) y enseñanza en inglés. Pero su retorno a la educación pública no sólo beneficiaría a la clase media que se ahorraría lo que pagan en educación privada o clases de inglés. Hay dos motivos que nos llevan a pensar que también beneficiaría a los niños y niñas pertenecientes a los hogares de menores ingresos.

El primero es por el efecto entre pares. Hay diversos trabajos que muestran que una mayor diversidad en los niveles socioeconómicos de niños y niñas que conviven en la escuela tiene efectos positivos sobre los desempeños escolares. Claro que para que este efecto se pueda concretar, es necesario tomar medidas para evitar la segregación por nivel socioeconómico entre las propias escuelas. En otras palabras, habría que desincentivar que terminemos teniendo por separado escuelas para pobres y escuelas para la clase media.

Un segundo motivo por el cual el retorno de la clase media a la educación pública tendría beneficios para la gran mayoría de la sociedad es que traería consigo su capacidad de movilización política. Una de las tantas razones por las cuales las demandas de los sectores sociales más vulnerables suelen estar menos presentes en la implementación de políticas públicas es porque estos están menos organizados y tienen una menor capacidad de movilización y de presión política. Esto no es lo que sucede con los sectores de clase media, que pertenecen con más frecuencia a sindicatos, a diversas organizaciones sociales o incluso participan más activamente en la militancia partidaria. Una mayor presencia de la clase media en la educación pública terminaría generando una demanda social más fuerte a la hora de reclamar por mejoras en su calidad.

Resumiendo, el reciente cambio demográfico que estamos teniendo en Uruguay nos ofrece una oportunidad histórica para implementar la universalización de las escuelas de TPE y para concretar su fuerte expansión en secundaria. Una medida que tendría impactos positivos para bajar la desigualdad y la pobreza, tanto a corto como a mediano plazo, beneficiando en primer lugar a los sectores de menores ingresos. Pero que también podría beneficiar y contar con el apoyo de la clase media. Es por ahí.

Andrés Dean es integrante de la Dirección Nacional del Ir, Frente Amplio. Este artículo forma parte de una serie que busca reflexionar sobre la desigualdad en Uruguay y proponer mecanismos para reducirla.